Reafirma que se usaron fondos públicos para una campaña publicitaria vedada por la Constitución
El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Lcdo. Gerardo «Toñito» Cruz, anunció la presentación del recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones que busca revisar y revocar la decisión del Tribunal de Primera Instancia, reiterando que la pasada campaña de la actual administración bajo el lema «Haciendo que las Cosas Pasen» constituyó un acto de promoción política y gasto de fondos públicos para levantar la imagen del Gobernador Pierluisi.
«La apelación presentada argumenta el uso de fondos públicos por parte del gobernador Pierluisi y varios secretarios de agencias para promover la imagen y logros de gestión, de la actual administración, especialmente a través de la campaña que utiliza el lema «Haciendo que las Cosas Pasen». Esto constituye un acto de promoción política millonaria e indebida con recursos estatales. Esta práctica no solo carece de un propósito público legítimo, sino que también viola principios constitucionales fundamentales mediante el uso de fondos públicos para fines privados», sostuvo Cruz.
De igual forma, el secretario general de la colectividad detalló que entre los remedios solicitados, el PPD pide la revocación de la sentencia apelada, el reconocimiento de la inconstitucionalidad de la campaña publicitaria cuestionada y la orden de devolución de los fondos públicos utilizados en dicha campaña. «La apelación enfatiza la importancia de preservar la integridad del erario público y evitar el uso partidista de recursos estatales», afirmó Cruz. «No tan solo tenemos la Constitución como herramienta para impedir ese uso privado de fondos públicos, sino que en este caso por primera vez en un caso de este tipo, hemos reclamado la devolución de estos fondos de parte de los funcionarios que aprobaron ese mal gasto.»
En el recurso de apelación se solicita al Tribunal que revoque la sentencia apelada en todas sus partes; determine que la campaña publicitaria impugnada es inconstitucional por configurar un financiamiento de una campaña política con fondos públicos; ordene la devolución del dinero público pagado a los responsables de dicho gasto. En la alternativa, que revoque la desestimación decretada y devuelva el pleito al foro de primera instancia para la atención de los asuntos objeto de la demanda.
Cruz señaló que no están de acuerdo con lo dictado por el Tribunal de Primera Instancia con el término de «academicidad» para no favorecer la parte demandada. «Esto no es un anunció que se volvió académico porque entramos en la veda. Hemos reclamado desde el inicio que existen unos hechos donde se usaron fondos públicos para una campaña publicitaria vedada por la Constitución. Esto no tiene que ver nada con el periodo de veda electoral. Por consiguiente, se violó la Constitución en un año no electoral. Por eso recurrimos a la apelación porque sostenemos la intención del gobernador con esta campaña».
Igualmente, el también comisionado electoral alterno de la colectividad, expresó su confianza en el sistema judicial y reiteró el compromiso del partido de luchar por la justicia y la transparencia en el manejo de los recursos del gobierno. «Estamos firmes en nuestra convicción de que el uso de fondos públicos para fines político-partidistas es inaceptable y confiamos en que el Tribunal de Apelaciones reconocerá la validez de nuestros argumentos».
A la vez, expresó que son principios legislados por los Padres de la Constitución y que tenemos jurisprudencia desde la década de los noventa (90’s) que impedían este derroche de fondos públicos. Darle rienda a cualquier administración pública de repetir esto, sería claudicar y entregar fondos que pertenecen a todos los ciudadanos, para que un director de campaña de un partido político, disfrace su uso mediante anuncios sin contener un fin público.
Además, Cruz manifestó que el caso está ahora en manos del Tribunal de Apelaciones, el cual tiene la responsabilidad de revisar los argumentos presentados y emitir una decisión que podría tener implicaciones significativas para la gestión de los recursos públicos y la conducta electoral en Puerto Rico.
